Uno de los mayores afectados por la crisis sanitaria del coronavirus es sin duda el sector cultural. Asociaciones de profesionales de las artes escénicas y musicales de España han presentado ante el Ministerio de Cultura un plan de 52 medidas extraordinarias para afrontar las consecuencias de la crisis provocada por el COVID-19.
El listado de propuestas ha sido elaborado por las 32 entidades participantes −entre las que se encuentran PROMUSICAE, la APM, ARTE o ES-MÚSICA−, junto a colectivos de trabajadores como CCOO (Comisiones Obreras) y UGT (Unión General de Trabajadores). El sector calcula unas pérdidas que ascenderían a 130 millones de euros con la suspensión de unos 30.000 espectáculos solo entre los meses de marzo y mayo.
Esta semana se ha presentado el documento ante el Ministro de Cultura José Manuel Rodríguez Uribes.
Medidas que incluye el documento
Salvar las contrataciones públicas ya contratadas o fijadas, proporcionar liquidez a las empresas implicadas en las mismas y mantener las consignaciones presupuestarias;
Asegurar una adaptación normativa a las peculiaridades del sector escénico en el ámbito laboral;
Obtención de ayudas excepcionales a la industria de la cultura en vivo y el fomento y apoyo a la actividad de espectáculos y eventos cuando acaben las situación excepcional de confinamiento;
Medidas sobre el IVA, el IBI y el Impuesto de Sociedades;
Y que el sector se tenga en cuenta como estratégico del Estado, al igual que el turismo.
En el plan de propuestas se aboga por la necesidad del mismo tomando como referencia planes de recuperación del sector en otros países desarrollados de Europa, y justificando que en España se carece de resistencia financiera en la industria de los espectáculos en vivo: los recursos son muy pequeños, con una buena parte en manos de PYMES, colectivos y autónomos; la producción en las artes escénicas y la música está muy intervenida por las administraciones públicas, ya que la oferta y la demanda no se ajustan automáticamente como en otros mercados; y los trabajadores asalariados (creadores y creadoras, intérpretes y personal técnico) están sometidos a la intermitencia y en muchas ocasiones y a la protección social. Se defiende también que el sector todavía no se había recuperado económicamente del impacto de la crisis de 2008, y que la contratación pública es determinante en una buena parte de la economía de las Artes Escénicas y la Música, donde reducción y recortes pueden afectar de forma negativa a miles de trabajadores culturales y a la extinción de cientos de proyectos creativos.
Las asociaciones profesionales participantes también piden a las Administraciones públicas la ejecución íntegra del presupuesto de gasto en el sector: «Nos hemos dirigido a las autonomías rogando que las subvenciones se mantengan y se dirijan a paliar las consecuencias de la crisis y le estamos pidiendo a la administración local que mantenga sus presupuestos, que siga contratando espectáculos, que cambie sus fechas, pero que no los anule», enunciaba Carlos Morán, presidente de La Red, entidad que ha liderado a su vez las mesas de trabajo.
Adhesión al documento
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